Desde sus inicios, Crisol ha priorizado a los jóvenes de sectores populares como población destinataria de los proyectos, con el objetivo de ampliar sus oportunidades de inclusión social en trayectorias que contribuyan a romper los círculos de la pobreza en la que se encuentran.

El mundo de las y los jóvenes constituye un espacio diverso, en el que se expresan aspiraciones de una sociedad, conflictos con las generaciones que los preceden, expectativas relacionadas con el contexto histórico, social y cultural en que les toca crecer y atravesar en su transición a la vida adulta.

No existe una única juventud, la noción de juventudes como categoría social comprende una heterogeneidad de grupos que, si bien comparten una edad y viven la historicidad de su generación, tienen condiciones de vida muy diversas.

En los estudios de juventud consideran que la etapa juvenil comprende a los adolescentes (14 a 18 años) y a los jóvenes plenos (19 a 24 años). En Argentina, al igual que en otros países se incluye también a quienes tienen entre 25 y 29 años, denominados jóvenes adultos.

Estos tres subgrupos que comparten una condición juvenil tienen diferentes comportamientos relacionados con su edad, ya sea en la participación en el mercado de trabajo, en la vinculación con el ámbito escolar, y en los proyectos de emancipación de sus hogares de origen para la construcción de hogares independientes.

Pero además de la edad, el posicionamiento social de los hogares, el capital cultural y económico de las familias y el territorio donde habitan son condicionantes sociales que influyen en las oportunidades de los jóvenes para estudiar, trabajar y construir sus proyectos de vida afectiva y material. En todos estos ámbitos, los jóvenes de clases populares se encuentran en situación más desventajosa.

A lo largo de estos últimos veinte años, las clases populares han atravesado escenarios sociales y políticos muy diversos con experiencias generacionales singulares que expresan continuidades y rupturas en las prácticas sociales de las juventudes. La extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años, el derribo de barreras de acceso a las nuevas tecnologías en el campo comunicacional e informacional, la mayor permeabilidad para un empleo de calidad, el mayor número de jóvenes que completan sus estudios secundarios, entre otros, son avances de gran importancia.

Sin embargo, siguen existiendo diferencias importantes por género y por origen social. En el tema del empleo, por tomar sólo un ejemplo que es nodal para analizar la inclusión social, el 16,5% de los varones jóvenes están desempleados, mientras que para las mujeres jóvenes el valor llega al 22,2%; el 85% de los jóvenes más pobres tiene un empleo informal, mientras que entre los jóvenes más ricos la informalidad alcanza al 35% de quienes están ocupados.

La ampliación de derechos de los jóvenes (extensión de la obligatoriedad de escolaridad,  becas de estudio por ingreso familiar, acceso a la salud de adolescentes y jóvenes embarazadas, ampliación de los derechos políticos para mayores de 16 años, etc.) generó nuevas prácticas y expectativas entre los jóvenes de sectores populares. Y también nuevas resistencias a los cambios y efectos inesperados:

• El ingreso masivo de jóvenes de sectores populares al nivel medio de enseñanza se acompañó con una fragmentación educativa. Las nuevas modalidades (bachilleratos populares, plan FinEs) acercaron nuevos actores sociales e incrementaron la heterogeneidad de prestaciones en la calidad de la enseñanza impartida. La inclusión educativa no pudo aun revertir la desigualdad de oportunidades en materia de educación.
• Los jóvenes de sectores populares se encuentran atravesados por una doble tensión: son incluidos en estrategias del mercado (consumos con estereotipo culturales de bienes y servicios) y a la vez son marginalizados en el mercado de trabajo por carecer de credenciales educativas y/o capital social para insertarse laboralmente. El incremento de sus credenciales educativas no se acompaña con nuevas oportunidades para la inserción laboral.
• La creciente participación juvenil en diferentes instancias (comunitarias, clubes, movimientos políticos, espacios culturales) ha permitido nuevas socializaciones extendiendo la trama institucional tradicional de la escuela, el trabajo y el ámbito familiar. No obstante la inequitativa distribución de bienes materiales y simbólicos, como así también la puja de discursos y sentidos, mantienen a los sectores populares en una situación de subordinación cultural y política.
•  La mayor aceptación de las diversidades sexuales y de la emancipación femenina, el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos convive con prácticas discriminatorias, con un incremento de la violencia de género que se extiende en todas las clases sociales y en los diferentes grupos etarios, pero que también hace mella en las juventudes de sectores populares.

Estas son las inequidades que nos han llevado a privilegiar a los y las jóvenes pobres como principales destinatarios de nuestras acciones y proyectos.

Entendemos por equiparación social la realización de una serie de acciones que brinden a los jóvenes de sectores populares la posibilidad de tener acceso a estímulos, objetos y experiencias –de aprendizaje en sentido amplio, organizativas y de interacción social- que son frecuentes y cotidianos entre jóvenes de otros sectores sociales. El logro de esta interacción y familiarización es la condición de posibilidad para acceder a su apropiación instrumental.

Cuando hablamos de aprendizaje en sentido amplio, nos referimos a una manera de aprehender el mundo y de apropiarse de ese conocimiento. Tomamos el concepto pichoniano de aprendizaje como adaptación activa a la realidad para transformarla y en ese proceso, transformarse.

Esta transformación implica, en el caso de nuestra población destinataria, la inclusión social, es decir, la incorporación en diferentes actividades e instituciones de la vida social, desarrollando o ampliando la capacidad de participación y pertenencia. Incluye el conocimiento y/o reclamo por sus derechos, la equidad de géneros y el ejercicio de la ciudadanía plena.

Al brindar instrumentos que tienden a la equidad, pretendemos que se nivelen experiencias no sólo de falta de información, sino también de reparación o prevención de situaciones de exclusión o expulsión, es decir el proceso multidimensional por el cual las personas se quedan afuera de los circuitos que le posibilitan ejercer sus derechos a la educación, a la salud, al trabajo y a una vida digna.

Para que exista adaptación activa a la realidad, se requiere que aquello que se aprende/aprehende pueda ser resignificado y aplicado a otras situaciones, es decir, el nivel pragmático del aprendizaje que también permite visualizar un producto y enriquecerse con esa experiencia. Por este motivo, facilitamos los procesos de creatividad como un componente esencial de nuestros proyectos.

La equiparación social es un concepto que se encuentra ligado a la idea de integralidad. Las personas, emergentes de una trama de relaciones sociales, tienen un conjunto de necesidades que deben ser entendidas-atendidas también de manera articulada. Temas estratégicos para la inclusión social, como la educación y el trabajo, no pueden estar desvinculados de la salud, la cultura, las disciplinas artísticas, el deporte y la recreación, la esfera de los valores, el crecimiento emocional y la autoestima.

Hablamos de formación integral y centrada en la equiparación social, porque apuntamos a quebrar, cuando planificamos e implementamos nuestras acciones, el círculo repetitivo de experiencias que dificultan el desarrollo de las potencialidades que todas las personas tienen. Implica tiempo, trabajo sobre la autoestima y el desafío de plantear situaciones permanentes que permitan la familiarización de los jóvenes con distintos estímulos, de forma tal que se genere la posibilidad de apropiación de conocimientos y se compensen las carencias de capital social.

El concepto de “formación integral de los jóvenes” representa un marco conceptual apropiado para la definición de nuestras propuestas de trabajo, en tanto implica la interdependencia de sus necesidades y derechos y la consecuente articulación de ofertas de servicios alternativos y complementarios entre diversas instituciones.

Merece destacarse el impacto positivo que tienen en la subjetividad de los jóvenes en situación de marginalidad, las acciones formativas que desarrollan propuestas integrales, ya que, mediante un trabajo exitoso sobre la autopercepción logran recuperar su autoestima y se sienten más preparados para afrontar nuevos desafíos, es decir, para adaptarse activamente a la realidad y transformarla. Valoramos especialmente cuando, a partir de transitar por alguna de las experiencias socioeducativas y creativas que les proponemos, deciden retomar la escolaridad.

Tal como ya mencionamos, para Crisol es central la relación con la política pública, ya sea para aportar el conocimiento que producimos a través de nuestras investigaciones, evaluaciones, sistematizaciones o diagnósticos, o por nuestra experiencia en el territorio.

Lo hacemos entendiendo que las organizaciones de la sociedad civil (osc) tienen una misión y un compromiso cuando orientan su trabajo a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. También sabiendo que las necesidades y demandas de la población no pueden tener respuesta a nivel micro, como es la dimensión que se alcanza desde una osc.

Las osc constituyen un conjunto heterogéneo y en transformación, que ha ido cambiando a través del tiempo, junto con los cambios sociopolíticos y roles que fue asumiendo el Estado en distintos momentos históricos. Aunque algunos consideran a las organizaciones como sector (no lucrativo, voluntario o tercer sector), y existen esfuerzos por establecer vinculaciones y trabajar en red, la realidad de la práctica muestra que aún representan un conjunto fragmentado.

Cuando surgió Crisol, en la década del 90, hubo un importante número de organizaciones que buscaron cubrir los espacios ausentes de políticas, como resultado de las decisiones que reducían el tamaño y las funciones sociales del Estado. Simultáneamente, la crisis de los partidos políticos y la deslegitimación de la política misma como instancia de defensa de derechos dió lugar a la emergencia de otros espacios de interacción y organización en torno a la expresión de las demandas.

En ese entonces las osc eran consideradas como “nuevos actores”, que mayoritariamente se autoproponían como control de la gestión del Estado, las gestiones asociadas con el Estado eran incipientes y muchas organizaciones desconfiaban de la autonomía que se podría lograr en caso de trabajar en conjunto. Era un momento en que la pobreza y la indigencia crecían permanentemente, mientras las posibilidades de la población vulnerable para acceder al sistema educativo e insertarse en el mercado laboral disminuían día a día.

La mayoría de las organizaciones que tenían por su escala, posibilidades de mayor conocimiento de las realidades sociales zonales, comenzaron a canalizar su acción hacia la satisfacción de las necesidades de la población excluida. Ante el aumento de la pobreza y el desempleo, han elaborado diferentes respuestas para intentar el logro de una mejor inserción de los sectores populares en un mercado laboral controvertido, restringido y cambiante. Al mismo tiempo, surgían una serie de movimientos de protesta que visibilizaban la crisis (desocupados, cartoneros, etc.).

Superada la crisis económica y política que tuvo lugar en nuestro país en el año 2001, las osc tienen más visibilidad. La mayor parte de ellas comienzan a revisar sus formas de participación política y social, junto a una diversidad de modelos y temáticas, que no se reducen sólo a las poblaciones en situación de vulnerabilidad sino que incluyen también la defensa de minorías.

Dentro de ese conjunto heterogéneo de osc del que Crisol forma parte, nos ubicamos hoy como una organización intermedia de desarrollo, que considera que es el Estado quien debe asumir una responsabilidad indelegable en la protección y aseguramiento de derechos de las poblaciones más vulnerables. Por nuestra capacidad técnica y operativa, brindamos apoyo a las organizaciones de base con actividades de asistencia técnica y/o capacitación y con la implementación conjunta de proyectos orientados a las poblaciones que atienden.

Acompañamos activamente las políticas públicas que velan por estos derechos, articulando, complementando proyectos y transfiriendo los modelos de trabajo e ideas que puedan ser innovadoras para que sean retomadas con mayor alcance.

Consideramos fundamental el desarrollo de alianzas estratégicas entre diferentes actores sociales, sociedad civil, empresariado, organismos gubernamentales, etc. para incrementar el impacto de nuestras acciones.